Juan Berbell dio a conocer en su rueda de prensa que la UTE (Unión Temporal de Empresas) Caravaca que incluye a Construcciones Villegas SL, Constructora Guifersol SA y Compañía Trimtor SA han pedido al Ayuntamiento a: «Instar la resolución del contrato administrativo suscrito con el Ayuntamiento de Caravaca el 13 de octubre de 2006, por el que se adjudicó a mi representada la construcción de determinadas instalaciones deportivas en el término municipal de Caravaca».
El convenio entre la UTE Caravaca y el Ayuntamiento suponía que ésta construiría un campo de fútbol en Nueva Caravaca a cambio de los terrenos del antiguo campo para edificar. Además, la UTE Caravaca arreglaba las pistas deportivas de El Salvador, la Gran Vía (ambas ya finalizadas) y construía la nueva piscina cubierta y el centro de interpretación de Los Molinos (ambas en ejecución).
Ahora en su escrito hablan de incumplimiento de las obligaciones de dicho contrato por parte del Ayuntamiento: «La obra adjudicada de construcción de una pista polideportiva al aire libre tuvo que ser anulada con posterioridad a la adjudicación del contrato por no disponer el Ayuntamiento de los terrenos donde se había previsto su ejecución. Lo mismo sucedió con la obra adjudicada relativa a la ejecución de un parque municipal y de seguridad vial». Explican que estas obras inicialmente adjudicadas y previstas en el pliego de condiciones: «Fueron nada menos que “sustituidas” sin más por parte de la propia Corporación municipal… […] Esta circunstancia, por sí sola, es causa de nulidad radical del contrato, al vulnerar la decisión de “sustitución de unas obras por otras, los más elementales principios de publicidad y libre concurrencia». Continúa el escrito asegurando que las obras de mayor importancia económica, las del campo de fútbol e instalaciones deportivas anexas, tampoco se han podido iniciar por causas totalmente ajenas a la UTE Caravaca: el suelo del campo de fútbol está clasificado en el planeamiento urbanístico municipal como suelo urbanizable sin sectorizar y el Ayuntamiento debía, bien modificar el Plan General o bien a través de un expediente de uso excepcional por razón de interés público. No ha hecho nada de esto y la UTE lo acusa de incumplir las obligaciones legales y contractuales y de pasividad, lo que
a la empresa ha acarreado serios daños y perjuicios. El escrito continúa señalando que las obras adjudicadas relativas a la ejecución del centro de interpretación del Molino de Papel se encuentran paralizadas desde noviembre de 2007 cuando se encontraron restos arqueológicos. Según la UTE, es el Ayuntamiento quien debe contratar las obras correspondientes a las excavaciones singulares o las actuaciones de índole arqueológica y no ha hecho nada de esto.
Por último, el Ayuntamiento debía pagar las obras adjudicadas mediante la entrega a la UTE del actual campo de fútbol y ésta debía darle seiscientos mil euros que ya fueron ingresados por la diferencia entre obras adjudicadas y valor del campo de fútbol que asciende a 12.897.957. «El pliego de condiciones disponía que el solar municipal debía entregarse a la empresa adjudicataria en el plazo de un mes a contar desde la ejecución completa y recepción de las obras e instalaciones […] A día de hoy mi representada no ha recibido pago alguno por las obras ejecutadas, ni por las obras que no ha podido ejecutar por causas ajenas a su voluntar». Para sorpresa de la UTE además un 14’58% del solar del campo de fútbol no pertenece al Ayuntamiento.
En definitiva, «La UTE ha concluido hasta hoy las obras de acometidas, pavimentación y mobiliario de la Gran Vía, piscina municipal, remodelación de la pista polideportiva El Salvador, acondicionamiento del Jardín SCR-2, por un importe total de ejecución de 5.894.567’10 euros […] Los gastos en los que ha incurrido mi representada como consecuencia del contrato suscrito, ascienden a la cantidad de 9’7 millones de euros, cantidad a la que habrá que añadir la que resulte de los daños y perjuicios sufridos por el incumplimiento de contrato».
La UTE Caravaca pide que se rescinda el contrato y se le abone las obras ejecutadas, más el beneficio industrial de las no ejecutadas, intereses de demora, gastos financieros y daños y perjuicios causados.
Salvador Gómez, concejal de Hacienda del Ayuntamiento, ha explicado que Domingo Aranda habló sobre este escrito la semana pasada con los portavoces en el Ayuntamiento: «El convenio recoge determinadas infraestructuras como las obras de
Por último: «Ante la circunstancia sobrevenida los servicios jurídicos están trabajando para llegar a una solución que satisfaga a las dos partes y que no suponga un problema de futuro para el término municipal de Caravaca».
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